¿Qué está pasando con Garzón? – por Alba Marcellán

Parte II, 13 de mayo de 2010: La anterior crónica cerraba con la decisión pendiente por parte del Tribunal Supremo sobre la apertura de juicio oral a Garzón por el caso de los desaparecidos durante la Guerra Civil. Mientras tanto, el proceso ha sufrido dos importantes impasses en las últimas semanas.

El primero, con la recusación del Juez Varela solicitada por Garzón [para impedir que continuase como instructor del proceso], por considerar que teniendo en cuenta la colaboración que había brindado a una de las partes, Falange Española, para que re-escribiese su escrito de acusación por los graves errores de fondo que contenía (el principal, no señalar de manera clara cuál era la conducta criminal por la cual interponían su escrito), no estaba actuando de manera parcial y neutral. Imposible dejar pasar por alto que esta “colaboración” la está realizando uno de los jueces que fundó la asociación Jueces para la Democracia, la progresista en el gremio, y que además es cercano al PSOE en general y a la Vicepresidenta en particular…

El segundo, con el anuncio por parte del fiscal de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, un viejo conocido de Garzón en las lides de investigar y perseguir crímenes de lesa humanidad, y quien hace unos meses ya declaraba en una entrevista que “el mundo necesita más jueces como Garzón”, de querer contar con Garzón como asesor externo de su oficina durante siete meses para reforzar las investigaciones que están en marcha –Congo, Sudán y República Centroafricana-, y el seguimiento de lo que está pasando en otros países donde se han cometido atrocidades y se han empezado procesos contra los responsables –entre ellos, Colombia-. Para poder desplazarse a la Haya, el Ministerio de Asuntos Exteriores español debía calificar “de interés”  dicho traslado, y la Comisión interna del poder judicial, autorizarlo.

No obstante, antes de conocer en qué quedaba la solicitud de Ocampo, el Tribunal Supremo acaba de pronunciarse, rechazando la recusación de Varela, quien acto seguido, ha declarado la apertura del juicio oral. Que, de resultar en condena, podría suponer la suspensión de Garzón como Juez-Magistrado de la Audiencia Nacional, quedando pendiente saber quién seguirá conociendo de las causas que mantiene abiertas sobre su mesa… No sólo sobre crímenes de lesa humanidad en España (y allende los mares), sino también sobre las otras grandes causas que se ha atrevido a enfrentar: corrupción a nivel político; y el terrorismo de ETA.

Por desgracia, sobre el primero, no hay señales de que el tema de las exhumaciones vaya a tener continuidad; primero, porque ya se desestimó la competencia de la Audiencia y ante las ampollas que ha levantado el tema es más que dudoso que otro juez vaya a trabajar en dar respuesta a las miles de víctimas que siguen queriendo saber dónde están los desaparecidos y exhumar a sus muertos para darles el entierro que no pudieron hacer en su momento; y segundo, porque los órganos judiciales a nivel autonómico, tienen criterios dispares al respecto sobre cómo actuar…

Resulta indignante a la par que doloroso ver cómo, de nuevo, los victimarios consiguen parar las acciones que buscan cerrar heridas; cómo, de nuevo, las víctimas se quedan desprotegidas cuando se había encendido una luz y alguien había empezado a trabajar por devolver la dignidad robada; y  cómo, en el Estado democrático del que tan pomposamente se presume y en el que hemos sido capaces de actuar contra responsables en otros países de las mismas atrocidades, no se pueda dar una respuesta efectiva y eficaz ante los crímenes que permanecen silenciados a nivel institucional, para que no sólo se ejerza justicia, sino también se asiente el precedente para que, como bien resumen los títulos de muchos informes de Comisiones de la Verdad, nunca más se vuelvan a cometer las atrocidades.

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2 respuestas a ¿Qué está pasando con Garzón? – por Alba Marcellán

  1. nachoif dijo:

    Estimada Alba,

    Estoy en desacuerdo con casi todo lo que dices en tus dos artículos. Fundamentalmente por una razón, porque carecen de objetividad en cuanto a su análisis político y, lo que me parece más desafortunado, de rigor jurídico.

    Lo primero que habría que hacer, según mi modesta opinión de jurista y amante del Estado de Derecho, la libertad y la democracia, es dejar trabajar a los jueces. Creo que en el Tribunal Supremo hay juristas lo suficientemente cualificados como para esperar una sentencia adecuada sobre las causas abiertas a Garzón.

    En segundo lugar, creo que los argumentos relacionados con el prestigio internacional de Garzón o su carrera profesional-por muy meritoria que sea, que lo es, sobre todo en lo relativo a su lucha contra el entorno de ETA-no vienen al caso. Se le debe juzgar como a cualquier otro (principio de igualdad ante la ley) si existen indicios de que pueda haber cometido un delito (según el Tribunal Supremo, los indicios existen). Si empezamos a erigir en héroes a ciertos individuos y a insinuar que están por encima de la ley, lo que conseguimos es destruir el pacto social igualitario sobre el que se asienta nuestra democracia liberal. A partir de ahí, sólo hay un paso para llegar a la tiranía.

    Tercero, y a consecuencia del anterior punto, un análisis jurídico aséptico del caso es el que debe darnos una idea de si se cometió un delito o no. El respeto al aspecto procesal-tú hablas de las partes litigantes-es importante, pero no determinante porque no trata el fondo del asunto. La justicia imperará cuando se analice el fondo del asunto y se demuestre la inocencia o culpabilidad del imputado. En este sentido, y partiendo de preceptos claros relativos a la filosofía del derecho, es indiferente quién presente la demanda para discernir si el imputado cometió o no el delito; y de eso trata la Justicia.

    Si los medios de comunicación y otros analistas deciden aludir a quién presenta la demanda, eso claramente pretende ocultar la realidad, distraer la atención y enfervorizar a las masas con consignas políticas, pues no atañe al fondo de la cuestión. Calmémonos todos, y dejemos hablar a los tribunales.

    Uno no puede resistirse a pensar que quien hace mucho ruido es porque algo quiere ocultar. Quien pretende distraer tan flagrantemente, como el carterista que le pregunta a uno la hora mientras le mete la mano en el bolsillo, es que tiene una intención ulterior.

    En ese sentido, es curioso que se hable mucho menos de las otras dos causas abiertas contra Garzón (Banco Santander y Gürtel), y quizá responda a que es más fácil llamar a las barricadas con argumentos de odio visceral en un caso que en los otros. Me parece lamentable que no se denuncie políticamente-desde el gobierno y la oposición-con toda la fuerza posible semejante intento de manipulación, que juega con el dolor y la sangre de la historia de España.

    Cuarto, y con el mero ánimo de clarificar algunos puntos relativos a la sociología política y el derecho internacional que haces en tu análisis, la Ley de Amnistía no es una ley de “Amnesia”, como algunos la llaman, sino como dijo Joaquín Leguina en un artículo reciente en El País, los que adoptaron dicha ley no fueron cobardes, sino generosos.

    El Derecho Penal Internacional declara imprescriptibles los crímenes contra la humanidad, pero ello no invalida la Ley de Amnistía de 1977. El Convenio internacional sobre la materia de 1968 no contiene ninguna norma de derecho internacional efectiva, y además España no es Estado Parte. Adicionalmente, el Estatuto de la Corte Penal Internacional establece que la Corte sólo tendrá competencia respecto de los crímenes cometidos a partir de su entrada en vigor, es decir, el año 2002. Con lo cual, tampoco sería aplicable al caso.

    No hay que olvidar tampoco la presunta vulneración que Garzón hace del principio de irretroactividad de la ley penal. El punto clave es que fundamenta su jurisdicción sobre el delito de crímenes de lesa humanidad, delito que se crea a partir de los Tribunales de Nuremberg tras la Segunda Guerra Mundial, es decir, después del periodo bélico civil español.

    Esto, que podría parecer intrascendente, es de extrema importancia porque ese punto, el principio de irretroactividad de la ley penal, es un principio que se enseña en segundo de carrera, lo cual pone de manifiesto que resulta inverosimil que un magistrado de la Audiencia Nacional no sepa aplicarlo, a menos que lo estuviera haciendo a sabiendas de la injusticia que estaba cometiendo (delito de prevaricación). También hay que destacar la experiencia que en materia de derecho internacional tiene Garzón, lo cual parece dejarle aún más expuesto.

    Quiero recordar aquí, que la Fiscalía de la Audiencia Nacional, antes de que Garzón emitiera su resolución otorgándose la competencia jurisdiccional, trató de disuadirlo, y que una vez emitida elaboró incluso una opinión demoledoramente contraria.

    Quinto, es necesario recordar que si lo que pretendía Garzón era restituir la dignidad de las víctimas, cosa que parece muy razonable y justa, debería haberse inhibido y dejar que se aplicase la Ley de la Memoria Histórica, que da competencia a los Tribunales Superiores de Justicia. Dices en tu artículo, Alba, que el problema es que ésta no se estaba aplicando. Bien, si existen defectos en la ejecución de una ley, el propio Derecho aporta los mecanismos de solución y los caminos que se han de tomar. El forzar el Derecho para que el sr. Garzón pueda salir una vez más en los periódicos como adalid de los desamparados, no justifica una presunta vulneración de las reglas de juego…y menos si quien las vulnera es un magistrado. Si la Ley de Memoria Histórica es defectuosa, que lo es, mejorémosla por los cauces legítimos.

    La conclusión de todos estos puntos que me gustaría transmitir es que: 1) hay que desligar las consideraciones políticas de las jurídicas si lo que se busca de verdad es Justicia; 2) hay que interpretar correctamente el derecho internacional; 3) hay que dejar hablar a los jueces y respetar la independencia judicial; y 4) nadie debe estar por encima de la ley, ni siquiera un “juez estrella”.

    Un saludo,
    Nacho Ibáñez

  2. Alba dijo:

    Gracias por tu respuesta Nacho. La verdad es que, sobre todo en el primer artículo, la idea de fondo no era realizar un análisis político, sino más bien ofrecer argumentos legales (en especial a la luz de los instrumentos internacionales) para resaltar la importancia del asunto de fondo (la demanda que interpusieron asociaciones de víctimas ante la Audiencia Nacional), ante el curso que ha tomado el proceso y las informaciones que se van publicando, a fin de no perder el norte en este caso: la demanda legítima de las víctimas de encontrar a sus muertos.

    Pero vayamos por partes.

    Primero, para calificar las desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad, y por tanto imprescriptibles, Garzón se escuda en la cláusula Martens de 1932 (página 7 y siguientes del auto de Garzón de diciembre de 2008), y después en los tratados posteriores en la materia. La aplicación de la cláusula Martens puede ser discutible. Pero no que no es de aplicación los tratados posteriores en la materia: como han alegado otros juristas, pese a que como indicas en tu respuesta en el 36 no estaba tipificado dicho delito como de lesa humanidad, la desaparición forzada se caracteriza por ser un delito de ejecución permanente hasta que se dilucide qué pasó con el desaparecido. En este sentido, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció en el caso Radilla Pacheco vs. Estados Unidos Mexicanos, sentencia de 23 de noviembre de 2009, párrafos 22-24, que hay que “distinguir entre actos instantáneos y actos de carácter continuo y permanente. Éstos últimos se extienden durante todo el tiempo en el cual el hecho continúa y se mantiene su falta de conformidad con la obligación internacional pudiendo generar obligaciones internacionales respecto del Estado Parte sin que ello implique una vulneración del principio de irretroactividad de los tratados. Dentro de esta categoría de actos, se encuentra la desaparición forzada de personas, en la cual, el acto de desaparición y su ejecución se inician con la privación de la libertad de la persona y la subsiguiente falta de información sobre su destino, y permanece hasta tanto no se conozca el paradero de la persona desaparecida y los hechos no se hayan esclarecido”. Con base en lo anterior, se puede señalar que “disentir con la tesis de lo que el Auto considera como interpretación razonable de las normas de nuestro ordenamiento jurídico es, en realidad un mero desacuerdo jurídico (que de hecho tuvo que reconocer finalmente Garzón cuando se inhibió en la causa) pero no puede considerarse como actuación prevaricadora, lo que es un exceso notorio y sin justificación”.

    Segundo, partiendo de que estemos ante crímenes de lesa humanidad, éstos no están amnistiados (la Ley de Amnistía, que no de amnesia porque le reconozco todo el valor teniendo en cuenta en el momento delicado en el que se adoptó, sólo prevé en su ámbito de aplicación, los delitos políticos).

    Tercero, inevitable, a la hora de analizar la demanda por prevaricación, referirse a las partes.
    Los demandantes, no sólo por ser un partido de ideología fascista, sino porque la demanda que presentaron, como mencionaba en el artículo, adolecía de graves errores, entre los cuales, no indicar que la resolución en la cual Garzón se atribuía competencia para conocer de este caso era injusta (se limitaban a despotricar contra el Magistrado), y motivo por el cual, de hecho, Falange fue apartada de la causa-.
    La referencia a la carrera profesional y prestigio internacional del demandado tiene como objetivo llamar la atención sobre la “casualidad” de que se haya armado tal revuelo en el presente caso (cuando hace unos años, la derecha no se le lanzó al cuello al inadmitir la demanda que se interpuso sobre Paracuellos), cuando está investigando de manera paralela el caso Gûrtel; y las consecuencias de su suspensión y los retos que quedan pendientes en ese despacho; no por pedir que sea tratado de manera diferenciada (a él al menos le queda la Haya por delante, y todo lo demás que le están ofreciendo).

    Y cuarto, teniendo en cuenta que la responsabilidad penal está obviamente extinguida, la muestra de que lo que quería Garzón era “forzar” al Estado a cumplir con sus obligaciones internacionales, llega en las últimas páginas de su auto, cuando ordena que a autoridades autonómicas a realizar ciertas actuaciones, para facilitar la certificación de defunciones en su caso, y las investigaciones sobre el paradero de los desaparecidos.
    En este sentido, creo que la demanda se debería haber planteado de otra manera, por ejemplo, interponiendo un recurso contra la Ley de la Memoria Histórica el Estado por considerar que no cumple con sus obligaciones internacionales (en particular, el principio 4 del Conjunto de Principios para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad adoptado por Naciones Unidas en 2005: la adopción de medidas eficaces para luchar contra la impunidad, entre los cuales, el derecho a conocer, en caso de fallecimiento o desaparición, la suerte que corrió la víctima). Lo único que tengo claro es que el problema es que ha faltado, y sigue faltando, voluntad política (ya que desde su adopción, la Ley de la Memoria Histórica adolecía de varias fallas, que se han puesto todavía más evidentes en su práctica), con lo cual no se terminan de adoptar medidas, ya sean programas de actuación o normas, que permitan avanzar… Ojalá que hablen los Tribunales, pero no sólo sobre si Garzón prevaricó o no; sino también, sobre los derechos anteriormente mencionados, además de otros temas pendientes (como la anulación de las sentencias dictadas por el Tribunal de Orden Público). Mientras, vamos a tratar para un próximo Zorba en Madrid, conseguir que venga a hablarnos de este tema a un experto en estas lides, para seguir tratando el tema

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