Washington, D.C.- Alba Marcellán es gestora del proyecto del Observatorio de la Ley de Justicia y Paz de Colombia en el Centro Internacional de Toledo. Tras 4 años involucrada en el proyecto, ha participado en la creación de la Ley, siguiendo muy de cerca su implementación. Nadie mejor que ella para contarnos cómo está pasando.
Se pueden distinguir 3 grupos armados en el conflicto colombiano. Por un lado están las guerrillas, entre ellas las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que nacen cómo movimientos ideológicos de izquierdas y de denuncia social. La ofensiva militar del gobierno ha resultado en un claro debilitamiento de las FRAC y en la actualidad se está produciendo un proceso de liberaciones de presos. Por otro lado están los grupos paramilitares, que nacen en los 90 como reacción y originariamente para proveer seguridad frente a la guerrilla. Los paramilitares se convirtieron en una fuerza igual de violenta que la guerrilla, hasta que en el 2002 se logró un alto al fuego seguido de la desmovilización. Por último están los grupos de narcotraficantes y delincuentes, que están ocupando el hueco dejado por los paramilitares y empiezan a ser conocidos como “neo-paramilitares”.
La Ley de Paz y Justicia se aprobó en el 2005 para procesar a los desmovilizados -3.000 acusados por crímenes de lesa humanidad de los 31.000 desmovilizados. Esta operación que comenzó en 2006 solamente ha resultado en 3 sentencias, de las cuales una fue anulada y ora recurrida. Tratándose de procesos penales en las que hay tantas víctimas (300.000), tantos grupos paramilitares (37), es tan grande el territorio para recabar pruebas (más de 1 millón de Km2) y a lo largo de tanto tiempo, es difícil de juzgar cómo éxito o fracaso lo conseguido hasta ahora. Sin embargo hay una sensación generalizada de frustración.
En 2008 comenzaron las extradiciones de altos mandos a Estados Unidos por delitos de narcotráfico. Algunos creen que las extradiciones son positivas para disminuir el poder de estos individuos y evitar que sigan delinquiendo desde cárceles colombianas. Otros piensan que las extradiciones han interrumpido de forma violenta la aplicación de la Ley de Paz y Justicia: sin estos altos mandos el resto de los desmovilizados procesados no habla.
La llegada del nuevo gobierno de Santos en 2010 parece haber devuelto energía al proceso. Veremos cómo avanza y si hay lecciones aprendidas para una posible desmovilización de las FARC.
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